Consiste en la emisión de un documento de aval por parte de la entidad, que puede ser tanto una entidad financiera como una compañía aseguradora, que el avalado (empresa) debe entregar al beneficiario en concepto de garantía. Si el aval es por un tiempo limitado este dejará de tener efecto cuando llegue la fecha de su vencimiento, en el caso de ser indefinido dejará de tener efecto cuando se entregue el documento de aval a la entidad que lo emitió.
Existen dos tipos de aval, los avales financieros, en los que la entidad se compromete a entregar una determinada cantidad de dinero en caso de que el avalado no lo haga, y los avales técnicos, se trata de avales en los que la entidad responde de obligaciones distintas al pago de una cantidad económica, como podría ser la participación en concursos o licitaciones, la ejecución de obras, el suministro de materiales, el buen funcionamiento de los bienes vendidos o en supuestos de recursos administrativos.
En la práctica todas las empresas pueden solicitar avales bancarios, tanto entidades financieras como aseguradoras. En el caso de las entidades financieras éstas solicitarán una pignoración dineraria en función de la solvencia de la empresa, de forma que las empresas poco solventes tendrán que aportar el 100% de los fondos del aval para que la entidad emita el documento de aval. El coste que asumirá la empresa con una entidad financiera por la emisión de un aval será, por un lado, una comisión de apertura de la línea que soporta el aval y, por el otro, una comisión periódica, normalmente trimestral, de mantenimiento del aval, no liquidándose tipo de interés, pues el aval no es financiación. En el caso de las entidades aseguradoras el funcionamiento es diferente, pues, a cambio de emitir el aval, solicitarán el pago de una prima periódica en función del riesgo asumido.
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